La ONU y la CIDH alertan sobre el continuo deterioro
de la libertad de prensa en Venezuela.
El Relator Especial
de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David
Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison
Lanza, han alertado sobre el continuo deterioro de la libertad
de prensa en Venezuela.
“Estamos profundamente preocupados por los
recientes ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes,
que aumentan la presión sobre los medios de comunicación en Venezuela. Esto es
especialmente alarmante dada la escasez de alimentos y medicamentos en el país,
la crisis económica y las fuertes tensiones sociales y políticas”, han subrayado
este jueves, según informa la ONU.
Los dos expertos
han alertado sobre las últimas detenciones, interrogatorios y confiscación de
equipos de al menos siete periodistas y trabajadores de los medios. “Estamos
alarmados por la noticia de que varios periodistas fueron detenidos mientras
cubrían saqueos o informaban al público sobre las protestas”, ha asegurado
Lanza.
“Las fuerzas de
seguridad deben proteger y no hostigar a los reporteros y periodistas que
llevan a cabo su labor legítima de informar al público”, ha dicho Kaye. “Las
amenazas o ataques contra periodistas y medios de comunicación no sólo
infringen los derechos de estas personas sino que además socavan la capacidad
de los venezolanos e individuos en otros lugares de estar informados sobre
eventos de vital importancia”.
Lanza ha asegurado
que hace falta prestar una “atención inmediata” a las informaciones sobre los
últimos ataques contra los periodistas que cubren el impacto de la reciente
crisis económica” sobre el terreno, en referencia a los agresiones registradas
contra periodistas que cubrían las protestas de escasez de alimentos en Caracas
el pasado 2 de junio y los ataques contra los diarios ‘El Aragüeño’, ‘El
Caroní’, y ‘El Nacional’ a finales del mismo mes.
El Relator Especial
de la CIDH ha señalado que el Estado
tiene la obligación de garantizar la seguridad de los periodistas y debe
responder sin demora a las acusaciones de violencia e intimidación que sufre la
prensa. “Es esencial que las autoridades venezolanas actúen con la debida
diligencia y rapidez para determinar los hechos y castigar a los responsables.
Las alegaciones acerca de que los atacantes pertenecerían a grupos que apoyan
al Gobierno también son especialmente preocupantes y requieren una atención
especial”.
“El acoso de los medios de comunicación por
parte de los agentes del orden público
evidentemente dificulta la capacidad de los periodistas de llevar a cabo su
vital labor y propaga un fuerte ‘efecto disuasivo’ que afecta a toda la
sociedad”.
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