Desigualdad global

República Dominicana, solamente un ejemplo más

A modo de ejemplo, según   informe del Banco Mundial, en  República Dominicana el PIB per cápita entre los años 2000 y 2011 creció casi un 50% y, sin embargo, actualmente existe el doble de personas pobres que hace trece años.

Por otro lado, el país tiene una baja “movilidad económica”: solamente el 2% de la población salta de un escalón económico a otro más alto.

Indudablemente son de  los peores datos de los países de la región del Caribe.
Esto mismo podríamos decir de la mayoría de países ya desarrollados: el crecimiento no se distribuye, no genera igualdad.

Son las cifras alarmantes de un país en el proceso económico emergente que no pueden servir de consuelo a la falta de equidad preocupante de otros países de América Latina y de Europa con un crecimiento mal enfocado y mal distribuido.

¿Las empresas tienen la culpa? Es erróneo y completamente injusto afirmar eso. Las empresas producen  bienes y servicios, generan empleo y pagan un tercio de sus beneficios al Estado, aparte de otros impuestos. El objetivo de la empresa es generar beneficios en contraprestación a los servicios que presta, exactamente la misma filosofía del trabajador o empleado individual: el beneficio es de justicia.

Los empresarios arriesgan capital y, a veces, patrimonio personal; muchas veces ganan y muchas veces pierden. Es lógico recibir una remuneración por el riesgo asumido y por los productos y servicios puestos en circulación.

Las dudas respecto al beneficio se deberían referir al siguiente tipo de preguntas: ¿cómo cuantificar el beneficio adecuado y el desproporcionado?, ¿es justo el beneficio de la pura especulación?, ¿y los beneficios generados por la especulación de la ingeniería financiera?, ¿se puede permitir la obsolescencia prematura y programada de algunos productos?, ¿hay verdadera voluntad política de eliminar el tráfico de armas y el narcotráfico?

No se puede eliminar el beneficio, ni de las empresas ni de las personas físicas: es el móvil natural de la economía, el motor de las empresas y de los individuos. Pero, por otro lado, la sociedad está reclamando un sentido y destino social y solidario del beneficio. Los impuestos que pagamos son ya el primer paso de la socialización del beneficio pero, a pesar de ello, no conseguimos disminuir la inequidad.

Muchas empresas, incentivadas por la legislación impositiva, han creado su propia fundación para canalizar fondos hacia fines sociales. Está muy bien eso y es normal que las corporaciones presuman de ello para reforzar su imagen pero, es completamente insuficiente esa aparente caridad para resolver los problemas de miseria y exclusión social en países pobres y de desigualdad llamativa en países más avanzados. 

Está muy bien la aspiración al 0,7% del PIB de los Estados destinado a la cooperación internacional que ha fomentado grandemente la cultura popular  de solidaridad entre países pero, por desgracia, también es insuficiente. En los últimos 20 años la cooperación internacional, tanto la bilateral entre Estados como la gestionada por ong, se ha profesionalizado; las ong gestoras han adquirido mucha experiencia pero, todavía conlleva unos gastos estructurales de funcionamiento y control exagerados, con unos resultados, a veces, exiguos.

 Si los impuestos no son suficientes y la cooperación nacional e internacional  se queda muy corta, ¿qué otro camino podemos tomar? El Papa Francisco lo ha explicado muy claramente en su Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium”, “el sistema social y económico es injusto en su raíz”.

No se trata de desmantelar el sistema, sino de corregir la parte perversa de sus planteamientos. Desalentar los beneficios empresariales sería suicida. Así como en poco más de medio siglo pudo probarse la invalidez del sistema comunista, el sistema del capitalismo liberal ha conseguido generar gran crecimiento pero, le falta ser eficiente para la equidad. Seguramente, el sistema capitalista y de libre mercado debe ser menos “liberal” y admitir que el dinero y su poder deben ser controlados por el Estado y  la sociedad.

Aunque la opinión pública y los medios de comunicación ya ejercen un cierto control, el primer responsable es el Estado una de cuyas funciones es, precisamente, transferir beneficios y recursos para eliminar desigualdad, a través de sus políticas fiscales y monetarias. Por eso, en primer lugar el Estado debe adelgazar su costosa e ineficiente estructura y, no digamos, eliminar la corrupción generada por  “empleos ficticios”, entidades públicas “fantasmas” e  inservibles, y mal uso de fondos públicos. 

Es decir, lo que recauda el Estado, de empresas y particulares, debe ser correctamente administrado, en favor del bien común. Esto es muy necesario especialmente en los países de democracias emergentes y poco maduras en la gestión de recursos públicos, con escaso control social. Es muy injusto malgastar los recursos generados por el trabajo de millones de personas.

Premiar fiscalmente a las empresas con buena evaluación de su balance social: dignidad de sus trabajadores, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social, participación democrática y transparencia.

Premiar fiscalmente a los beneficios no distribuidos a los accionistas propietarios y destinados a la reinversión en creación de nuevas empresas y, por tanto nuevos puestos de trabajo.

De la misma forma que ya se premia a las empresas que contratan personas de edad avanzada o con minusvalía, incentivar fiscalmente a instituciones financieras especializadas en microfinanzas, orientadas a la creación de autoempleo y microempresas.

Especialmente necesario, en los países en desarrollo,  fomentar entre los jóvenes el espíritu emprendedor del autoempleo y capacitarles para el ejercicio de  profesiones y empleos técnicos intermedios. Sobran licenciados universitarios y faltan peritos y técnicos de grado medio.

La situación actual nos está reclamando a todos que pongamos nuestra experiencia e imaginación en la búsqueda de soluciones que orienten la economía hacia el bien común.

Regresando al inicio de estas líneas, en República Dominicana, como en muchas economías emergentes, el aumento del PIB ha sido generado, en gran parte,  por empresas de turismo y de zonas francas que han movilizado sus recursos hacia otros lugares más lucrativos por falta de un adecuada estructura de inversión rentable dentro del propio país generador: inseguridad legal para los negocios e inestabilidad política.