Nueva injerencia de la ONU en asuntos internos de la
República Dominicana.
Intentan influir para que el Senado no apruebe la
penalización del aborto.
Como era de esperar, de
nuevo se ha desatado la polémica en el país, por parte de organismos públicos y
privados extranjeros partidarios de despenalizar el aborto, ignorando, una vez
más, el derecho de autodeterminación de los pueblos.
También algunos medios de
comunicación muestran su clara tendencia pro aborto, difundiendo la opinión de
que la Iglesia intenta “imponer principios cristianos” cuando la Iglesia se
limita a intervenir como un actor social más con derecho a dar su opinión,
apoyándose en la ley natural, en la ciencia biológica y en la propia
Constitución dominicana que defiende al no nacido.
En este caso, tres
“expertos” de la ONU comunicaron al Presidente Medina y al Senado su desacuerdo
con la penalización del aborto recientemente aprobada por amplia mayoría en el
Congreso y que debe ser aprobada en el Senado.
Los
especialistas Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la
discriminación de la mujer, y los relatores sobre derecho a la salud, Dainius
Püras; sobre tortura, Juan Méndez, y sobre violencia contra la mujer, Dubravka
Šimonovic, formularon el llamado desde Ginebra a las autoridades dominicanas,
en momentos en que en el Senado de la República está para discusión el nuevo
Código Penal aprobado por la Cámara de Diputados que penaliza la interrupción
del embarazo con prisión de cuatro y diez años.
Recordaron que
el proyecto aprobado por los diputados y que deben conocer los senadores
pretende dar marcha atrás a la reforma del Código Penal de 2014, que
despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios del aborto bajo tres
circunstancias: cuando la vida de la mujer o niña embarazada esté en riesgo,
cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo sea
producto de una violación o incesto.
El pueblo dominicano a favor de la vida del bebé y
de las madres.
La sociedad
dominicana es consciente de que la penalización del aborto es insuficiente para
afrontar los problemas con los que se encuentran las mujeres embarazadas por
violación o incesto. Por ello, se deben disponer medidas de apoyo social,
médico y económico a esas mujeres que han de tomar una decisión heroica que
marcará sus vidas. Igualmente se deben disponer medidas de apoyo a los niños
que pueden nacer con algún tipo de enfermedad o malformación.
Y el pueblo
dominicano, una vez más, se muestra muy
contrario a las injerencias externas en los asuntos internos del país.
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